La naturaleza humana nos lleva a rechazar aquello que no conocemos. Así que para tratar de no ser víctimas de esa tendencia natural, expliquemos antes de entrar en materia y hagámoslo de la forma más simple: con un ejemplo.

¿Cómo las normas guían nuestro comportamiento?

Imaginemos que la ley nos dice que sin importar el comportamiento del conductor del vehículo o del peatón, la responsabilidad por los accidentes de tránsito recaerá siempre sobre el conductor. Como consecuencia de esa norma, tendremos peatones desaprensivos y conductores temerosos de siquiera encender su vehículo. No obstante, si la ley nos dice lo contrario -que el peatón será siempre el responsable- existe la posibilidad de que o hayan más accidentes de tránsito o los peatones se vean obligados a tomar medidas extremas de seguridad, incluyendo no salir de sus hogares. Vale aclarar que aquí no estamos considerando el que los conductores podrían sentir algún tipo de remordimiento por afectar físicamente a otra persona.

Incentivos apropiados, conductas eficientes

Obviamente, ninguna de las dos leyes planteadas equilibra el nivel de precaución que debe ser tomada por el conductor y por el peatón. Lo ideal aquí sería una norma donde tanto el conductor como el peatón se sientan motivados simultáneamente a tomar las precauciones necesarias sin que ninguno incurra en costos desproporcionales. Llamemos a esta motivación “incentivos”; y llamemos a tomar medidas necesarias sin incurrir en costos excesivos o desproporcionales “eficiencia”. Entonces, la ley debe crear los incentivos apropiados para que las personas (o el mercado) actúen de la manera que resulte más eficiente. ¿Por qué de manera eficiente? Porque tenemos recursos limitados (tiempo, dinero, recursos naturales, etc.), y la eficiencia no es más que obtener el resultado deseado -en este caso un comportamiento por parte de los ciudadanos- con el uso de la menor cantidad posible de recursos.

El análisis económico del derecho

Así pues, el análisis económico del derecho estudia cómo las normas crean incentivos negativos o positivos que modifican o refuerzan el comportamiento de las personas, el mercado y/o el Estado; y de igual forma, trata de indicarnos cómo deben ser redactadas las normas; cómo deben ser estructurado los contratos; cómo debe actuar el gobierno, de forma de que de cada una de esas situaciones jurídicas se obtengan los resultados deseados (eficacia) empleando la menor cantidad posible de recursos (eficiencia).

Por tanto, aunque de inicio podamos ver al derecho y a la economía como ciencias divorciadas, debemos darnos la oportunidad de observar cómo funcionan en conjunto; y sobre todo aprovechar los beneficios que de dicha relación puedan surgir.

Para reflexión

En forma de reflexión les dejo lo siguiente: ¿Es una multa de RD$5,000.00 por hablar por el celular mientras se conduce la mejor forma (más eficiente) de enfrentar ese problema? Una pista: El problema no es que se utilice el teléfono celular mientras se conduce; sino la cantidad de accidentes de tránsito que esto causa. Entonces, repito la pregunta de reflexión ahora reformulada: ¿Una multa de RD$5,000 por hablar por celular es la forma más eficiente de evitar accidentes de tránsito en tu ciudad? Para su respuesta les sugiero que consideren, entre otras cosas, los costos de aplicación de la norma (agentes que supervisarán, implementación y cobro de la multa, etc.), así como la probabilidad de que de hecho la norma sea aplicada y la multa sea cobrada en caso de infracción. Un poco de análisis económico del problema y la norma nos puede acercar a la solución.

*Originalmente publicado en: Acento